Ricardo Rojas León

Contrarreforma



La nacionalización de las acciones que Unión Fenosa había adquirido en las empresas mixtas de distribución Edenorte y Edesur, creadas a raíz de la división de la CDE en siete empresas para fines de capitalización, luce ser el inicio de la contrarreforma del sector eléctrico que muchos temimos.

Desde antes de arribar al poder, el actual presidente Hipólito Mejía desató una fiera campaña de descrédito contra el proceso de capitalización de las empresas públicas.

Sin embargo, sus críticas se concentraron en la capitalización de la CDE. Los únicos inversionistas privados que fueron denunciados como estafadores o ladrones fueron los que invirtieron en la CDE, y entre ellos, básicamente, los españolitos de Unión Fenosa.

Desde sus inicios la administración Mejía ha mantenido un discurso dual (algunos dicen que “hipócrita”) frente a la capitalización de la CDE, pues mientras públicamente se denunciaba el proceso como un “muerto” y a los inversionistas como timadores que no trajeron un solo centavo al país, cuando se sentaban a negociar con ellos siempre les aumentaban los beneficios que derivaban de la administración de las Edes.

Para muestra tres botones: a) el Acuerdo de Madrid, que extendió a 15 años el contrato de administración de las Edes, que vencía a finales de este año; b) el Acuerdo para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, de septiembre del 2002, mediante el cual se eliminó el “subsidio” generalizado y se aumentó el precio del “kilovatio hora más caro del mundo” (como cantaletearon Andy Dauhajre y César Sánchez), y c) el acuerdo de compra del pasado mes en el que, finalmente, el Gobierno reconoce que Unión Fenosa invirtió dinero en el país.

Todas esas negociaciones, beneficiosas siempre para los inversionistas españoles y para otros intervinientes en el mercado, estuvieron precedidas y enmarcadas por las consabidas amenazas, insultos, expresiones imperativas y toda suerte de poses de parte del Gobierno y sus negociadores.

Ahora bien, la actual administración ha sido incapaz de convencer al país y a los organismos financieros internacionales de la conveniencia de la negociación con Unión Fenosa, mucho menos evitar que el sistema eléctrico haya colapsado en las tres últimas semanas.

Está claro que al asumir la totalidad de las acciones de las Edes, así como las deudas que Unión Fenosa había contraído con el BID, la banca local y las generadoras, el gobierno del presidente Mejía lo que ha hecho es comprar un déficit –que estimados conservadores lo colocan en RD$600 millones mensuales– o, para utilizar la expresión de moda, otro hoyo.

Muy pocos usuarios del servicio de Edenorte y Edesur creen que el suministro de energía eléctrica va a mejorar ahora bajo la administración de la CDEE. Lo que se prevé es que se deteriore a niveles nunca padecidos por la población dominicana.

Del mismo modo la oposición de las generadoras y los cuestionamientos del empresariado, el FMI, el BID y el Banco Mundial a la permanencia del Estado en la función de distribuidor de energía auguran días difíciles para un sector que, a pesar de las calumnias, mentiras y todo el descrédito lanzado desde las esferas oficiales, ha avanzado y dejado resuelto el problema de la generación energética.

Es lamentable que la actual administración, a casi todos sus niveles, se haya dedicado a torpedear, boicotear y dificultar el proceso de reforma del sector eléctrico. Todos los procesos de cambio generan resistencias. Se avanza siempre empujando a las fuerzas que se oponen al progreso. La contrarreforma siempre se aprovecha de las debilidades de la reforma.

Lamentablemente para este Gobierno y sus “expertos en negociación y consultoría energética”, la capitalización del sector eléctrico es irreversible. El fracaso de la negociación Gobierno-Unión Fenosa lo acaba de demostrar.