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Debilidad institucional
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La fortaleza e independencia de los poderes del Estado es aparente, sobre todo cuando la emisión de un decreto presidencial puede mover los cimientos del Congreso, la Justicia y la obediencia al Poder Ejecutivo.
El Presidente Mejía inició acciones que ponen de manifiesto nuestra debilidad institucional cuando, por decreto, intentó que se cobrara un impuesto del 5% a las exportaciones. El decreto emitido tuvo una inmediata resistencia de parte del sector industrial, que elevaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Ese podría llamarse el decreto de la discordia, ya que tan pronto se dio a conocer enfrentó a todos los poderes del Estado, atizado por el grito al cielo que pegaron, oportunamente, los industriales.
Vivimos la edad de oro de las debilidades institucionales.
Nunca como hasta ahora habíamos visto tantos indicios. La Suprema Corte de Justicia puso la tapa al pomo cuando, sin la autorización expresa de la Constitución de la República –que en su artículo 46 establece que es nulo de todo derecho la ley, resolución y decreto contrario a lo que establece la Constitución– anuló mediante sentencia el decreto de marras del presidente Mejía.
Hay un problema de fondo, de atribuciones mal interpretadas, de autoridad asumida, y que a la vez incide en el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
Todo esto produce un ambiente enrarecido, hay amenazas serias del clima de gobernabilidad, de eclipse parcial entre los poderes, que en nada ayuda a nuestro sistema democrático. |
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