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An[á]lisis
El drama energético
Por Félix Montán
Desde que en la década de los cincuenta el dictador Rafael Leonidas Trujillo decidió estatizar el servicio de la energía eléctrica, luego de comprárselo a una empresa norteamericana por unos 13 millones de dólares, sin proponérselo el Estado estaba creando las bases para que en el futuro este negocio fuera inviable.
Esto provocó que muchos dominicanos iniciaran la práctica de conectarse al sistema energético si pagar el servicio, comenzando a producirse un consumo que nunca sería cobrado y que el Estado cargaría sobre sus hombros hasta estos momentos.
El crecimiento poblacional y la modernidad del país fueron aumentando considerablemente el consumo de electricidad, mientras que el Gobierno por sus grandes pérdidas mensuales veía disminuir su capacidad de ir instalando los megavatios necesarios para suplir la demanda de la población.
La situación llegó a ser tan crítica que por el deterioro del parque nacional generador de energía, con plantas denominadas Hainas e Itabos, el Estado se vio precisado a contratar generadores privados para comprarles la energía, llegando éstos a representar cerca del 40 por ciento de la oferta eléctrica nacional.
Esto significa que hace mucho tiempo que la industria eléctrica no es totalmente estatal, sino que depende de generadores privados, sobre todo de capital norteamericano, como la Aes Dominican Power, con sus plantas Los Mina V y VI, y con un aporte de 210 megavatios, y la Smit and Enron, con 185 megas.
Estas plantas juntas a otras como las denominadas Metaldom y Puerto Plata I y II forman los denominados generadores privados conocidos como IPPS. Esto demuestra que el servicio energético nacional ha estado semiprivatizado desde hace muchos años debido a la imposibilidad de los gobiernos de suplir la energía que demanda el país.
A finales de los ochenta y en la década de los noventa el escape de energía llegó a niveles insoportables para el Estado, ya que se perdía por las conexiones ilegales y por el franco deterioro de las redes de distribución, llegando agudizarse el problema de los apagones.
En ese entonces la Corporación Dominicana de Electricidad sólo cobraba aproximadamente el 40 por ciento de la energía que enviaba a las líneas, teniendo el Gobierno que subsidiar esta empresa con cerca de 1,500 millones de pesos cada año.
En los tiempos de mayor índice de cobranza, que fue en la administración del ingeniero Radhamés Segura, la CDE llegó a recaudar hasta 600 millones de pesos al mes, pero sus gastos rondaban los 1,000 millones de pesos mensuales, manteniendo un déficit de unos 400 millones cada mes.
Ante este panorama el gobierno del presidente Leonel Fernández analizó que agotaría gran parte del presupuesto nacional tratando de acabar con los apagones, pero que si no lograba que todos los usuarios del servicio energético fueran clientes el déficit aumentaría con el pasar del tiempo.
Cuando se acentuó el problema de los apagones, algunos sectores del país comenzaron abogar por la privatización de la distribución y comercialización de la energía, motivados en el hecho de que como al Estado no se le pagaba el sector privado mejoraría el cobro de la luz.
El gobierno peledeísta materializó este plan mediante el modelo de la capitalización trayendo al país socios para distribuir la energía, pero en ningún cerebro puede caber la idea de que esto solucionaría el problema en corto plazo, porque si el Estado perdía tantos millones de pesos tendrían que ser brujas las empresas distribuidoras para sacar dividendos con la comercialización de este servicio.
Sólo en mentes politiqueras puede rondar la idea de que donde tantas personas no pagan la energía puede ser rentable este negocio.
Es preciso señalar que el fraude en los barrios marginados no es significativo en las pérdidas de energía, ya que éstos sólo representan cerca de un 10 por ciento del consumo nacional, lo que indica que la sustracción de luz se origina en mayor cantidad en la clase media y alta del país.
Se equivocan los que creen que la solución al problema energético se logra cargando con alta facturación al grupo de la población que siempre ha pagado el servicio. Con esto sólo se irrita más a este sector y los apagones siguen su agitado curso.
La solución al problema energético está en que cada dominicano entienda que cuando enciende un bombillo consume petróleo, que se compra en dólares porque no lo produce el país y que por lo tanto alguien debe pagarlo.
Mientras que el problema energético se trate con politiquería y no se llegue al fondo, tomando en cuenta que es un asunto de seguridad nacional, estaremos nadando en lo seco, porque los apagones seguirán aunque vuelva el Estado y se vayan las Edes. |
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