Por Lauterio Vargas

El padre Jorge Cela, un sacerdote que siempre ha trabajado en defensa de los pobres a través de entidades sin fines de lucro, entiende que el Gobierno ha dado pasos positivos en sus programas de reducción de la pobreza y en la política social, pero al mismo tiempo señala que esos esfuerzos han tenido pocos resultados porque el clientelismo político ha permeado esa labor.

También entiende que la decisión del presidente Hipólito Mejía de lanzarse al ruedo electoral tras la reelección ha sido el obstáculo más fuerte en contra de la política social porque, desde hace dos años, puso en campaña electoral a todo el aparato del Estado y eso ha hecho que la política social sea convertida en una política clientelar inmediata sin pensar en el futuro.

En entrevista concedida a [A]HORA, Jorge Cela también aborda el tema de la electricidad y los beneficios que dejan los apagones en los sectores populares a las empresas distribuidoras de electricidad.

Según el sacerdote, la readquisición, por parte del Estado, de las principales empresas distribuidoras de electricidad no resolverá los apagones, porque el problema no está en quién sea el dueño sino en cómo se administren.

Cela también considera que el restablecimiento de la reelección presidencial y la crisis financiera, luego del escándalo de Baninter, han afectado la imagen del país en el plano internacional y han hecho que los inversionistas extranjeros pierdan la confianza.

[A]HORA. ¿Cómo evalúa los planes sociales que ejecuta el Gobierno, el curso de esa política social en la actualidad y qué pasará con ella el próximo año?

Jorge Cela. Yo creo que un paso positivo que se ha dado en este Gobierno ha sido la creación del Gabinete Social, el tratar de darle una cierta unidad a la política social que hasta este momento estaba dispersa. Sin embargo, ese ha sido un esfuerzo que ha tenido pocos resultados. El mismo Gabinete Social ha hecho un estudio para tratar de reorganizarse internamente, pero todavía no se ha logrado evitar las repeticiones de instituciones que funcionan para lo mismo, o instituciones que hacen funciones que no les competen. Hay secretarías de Estado que reparten canastillas y te encuentras de pronto que la Secretaría de las Fuerzas Armadas está haciendo un operativo médico y tú dices: pero bueno, cuál es la función de las Fuerzas Armadas. Porque los operativos médicos son tarea de otra secretaría. Eso hace que la política social sea muy dispersa, paternalista, existencialista, muy de ir a cubrir las cosas, y en el fondo muy clientelista.

POLITIZACIÓN DE LA POBREZA

[A]. ¿De qué forma ha incidido la política partidista en los programas sociales que ejecuta el Gobierno?

JC. El actual Gobierno subió con la promesa de combatir la pobreza, empero, después de más de tres años, todavía está haciendo el plan para el combate de la pobreza. Es decir, que ha sido muy lento en la ejecución de los planes, en su formulación y en la reestructuración de los mecanismos para el combate de la pobreza, de forma que prácticamente los resultados no se ven y esto es debido a la politización de esos programas.

Para mí, probablemente, el problema más grave ha sido la decisión del Gobierno de reelegirse, ¿por qué? Porque ha puesto todo el aparato del Estado a hacer campaña electoral desde hace dos años, y entonces toda la política social se ha volcado en una política clientelar y tiene como característica la satisfacción de necesidades inmediatas sin pensar en el futuro.

[A]. ¿Pero en qué afecta la reelección a las ejecutorias de la política social?

JC. Se tiende a dejar las cosas como están y simplemente a crear lealtades con gente que debe favores, pero el idea sería que no haya que deber favores, porque uno tiene los caminos para resolver esos problemas. Pero eso no es rentable políticamente sino a algunos políticos, y por lo tanto la decisión del Gobierno de convertirse en candidato entra en la lucha entre si soy Presidente o si soy el candidato, y generalmente prevalece el que soy candidato y entonces toda la política real, toda la inversión real, se vuelca en una política inmediatista, clientelar, y se olvidan las grandes políticas de visión, de futuro y de proyección.

Todas las instituciones del Estado dedicadas a políticas sociales en este momento te dicen que no tienen dinero, sin embargo, se están repartiendo más fundas de comida cada vez y tú te preguntas ¿no hay dinero para qué? No hay dinero para una política de visión más amplia, y sí hay dinero para acciones clientelares puntuales e inmediatas.

[A]. En junio pasado se anunció un amplio programa de reducción de la pobreza para ejecutarse desde el 2003 al 2015. En ese proyecto se habló de que se invertirán en obras sociales RD$5,444 millones, y que para elaborar el plan se tomó en cuenta la opinión de los diversos sectores de la sociedad, ¿realmente participaron los grupos comunitarios y se tomó en cuenta su opinión?

JC. Sí, aunque fue precipitado y por lo tanto no fue perfecto, pero hasta donde yo conozco se hizo una consulta bastante amplia y no partidaria. Ahora, el problema es que por un lado va la consulta y por otro lado va la ejecución, es decir, si uno se pone a ver la ejecución de la política social no tiene nada que ver con esa estrategia de reducción de la pobreza que se creó. Entonces esa política se supone que va a empezar después de las elecciones. De nuevo nos están prometiendo que van a empezar, pero tenemos cuatro años perdidos.

[A]. Recientemente un funcionario del Gobierno anunció que los dirigentes del PPH iban a utilizar unos RD$1,000 millones para invertirlos en obras sociales, ¿cree usted que detrás de esos planes hayan intereses políticos para utilizar esos recursos en la reelección del presidente Mejía o que realmente los utilicen en beneficios de la población.

JC. La situación de posibilidades de la reelección presidencial hace que todos podamos sospechar que el dinero está siendo utilizado para la campaña política, y eso le resta credibilidad al Gobierno, le quita apoyo al Gobierno para su acción y le resta a la acción del Estado y por lo tanto disminuye las inversiones. Entonces, eso aumenta la crisis del país, en un momento de crisis económica, moral y social el paso detrás de permitir la reelección ha creado la crisis de confianza institucional que está dificultando el paso de la economía y la acción de la política social, de forma que ya todo el mundo desconfía de todo el mundo, como estamos en campaña todo se vuelve cuestionable, y sea verdad o no estamos en una situación en que se hace imposible el poder ganar la confianza del pueblo.

UNA ALIANZA CORRUPTA

[A]. Este Gobierno en los tiempos de campaña mencionaba mucho la palabra ‘gente’, se vendió como el Gobierno que trabajaría para la gente, ¿usted cree que realmente es así, que se puede identificar como el Gobierno que trabaja para la gente o es sólo un eslogan?

JC. Yo creo que en verdad el gran fracaso de este Gobierno es que subió proponiendo el programa de lucha contra la pobreza y contra la corrupción, y en los dos campos la opinión de la gente lo da como fracasado. La gente siente que la corrupción ha aumentado en el plano público y privado. El escándalo de Baninter revela la estrecha relación que hay entre la corrupción privada y la corrupción pública, y que por lo tanto no se trata únicamente de los políticos corruptos, sino de la alianza de éstos con el empresariado corrupto, y eso es explosivo.

[A]. ¿De qué forma entiende usted que se ha violado la ley en el caso Baninter?

JC. Bueno, en la solución que se ha dado. Por ejemplo, el Estado asumió toda la deuda cuando no debió asumirla toda, sino solamente parte de ella, la de los acreedores más pobres. Incluso se asumieron deudas cuestionables de socios de los implicados del Baninter. El Estado asumió sin liquidar el banco, cuando la ley establece que primero se liquida el banco. Es indudable que se ha aplicado una ley nueva y el ejemplo es que cuando un preso de cierta categoría se enferma puede salir de la cárcel, pero yo no conozco ninguna ley del país que diga que si una persona se enferma se le elimina la condena, porque si fuera por eso muchos presos que están en las cárceles deberían estar fuera, sin embargo, eso sólo se ha aplicado a presos de categoría.

[A]. ¿Cuando usted se refiere a que se asumió deudas de algunos socios del Baninter, se refiere al tesorero del Consejo de Directores, Manuel Guaroa Liranzo?

JC. Sí, y de muchos otros, porque se asumieron deudas que eran muy altas que la ley lo que establece es que se asumen solamente hasta cierto punto y de ahí en adelante el Estado no asume, sin embargo, esas cosas se han manejado no con criterios legales, sino con criterios de conveniencias, y entonces eso crea desinstitucionalización.

[A]. O sea que usted entiende que se ha manejado mal el Código Monetario y Financiero en el caso Baninter…

JC. Claro que sí, y hemos fortalecido la desinstitucionalización, hemos dado marcha atrás en el proceso de institucionalidad democrática del país. Es evidente, por ejemplo, en todo el proceso de marcha atrás en las reformas electorales la restitución de la reelección presidencial, o en los procesos los mecanismos por los cuales se han hecho las escogencias de los jueces de la Junta Central Electoral, y la solución que se ha dado a los distintos problemas que han habido en la JCE han hecho que se vuelva a perder la credibilidad o que se empiecen a manejar las cosas con fórmulas poco claras, adaptadas a las conveniencias del momento y no institucionales.

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