Las mil y unacontroversias de Guido
El presidente Hipólito Mejía estuvo enterado de que en diciembre del 2002 a Guido Gómez Mazara se le quitaría la visa y le fueron ofrecidos los detalles del porqué.
El gobierno de Estados Unidos no le exigió al mandatario dominicano que actuará en ninguna dirección, sólo le ponía al tanto de lo que ocurría y de sus sospechas de que el importante funcionario estuviera vinculado de alguna manera a las actividades del narcotráfico.
Poco después se desató una ola de rumores que se apaciguaron cuando los medios de comunicación reportaron la llegada de Guido a República Dominicana procedente de Puerto Rico.
Pareció un hecho que negaba lo de la cancelación de la visa, pero lo que se ocultó fue el detalle de que efectivamente se le había cancelado la visa tipo B-1/B-2, que es la que se les da a los turistas o a los profesionales que ocasionalmente pueden viajar por actividades relacionadas con su oficio, pero el funcionario permanecía con su visa oficial por su condición de alto funcionario de un gobierno con el que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas.
La visa oficial está amparada por una serie de acuerdos internacionales, lo que hace más difícil su eliminación, porque además tiene una serie de implicaciones en las relaciones de los estados. Sin embargo, la persona en cuestión pierde el visado tan pronto termina su función pública.
Las autoridades norteamericanas tienen la potestad de quitar las visas a las personas sobre las que hay suficientes indicios de que están ligados a actividades ilícitas, aunque no haya una querella formal ni un procedimiento judicial en curso, porque ese permiso no es considerado como un derecho, sino un privilegio que otorga el gobierno norteamericano a los extranjeros.
A otros reconocidos dominicanos se les ha retirado el visado, siendo los casos más recientes los de los banqueros Ramón Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo y Marcos Báez y, anteriormente a ellos, se le quitó al coronel Pedro Julio Goico Guerrero. Pero la motivación para esta acción fue el convencimiento del gobierno de Estados Unidos de que esos cuatro dominicanos tenían razones para abandonar la República Dominicana e instalarse en territorio norteamericano con la intención de escapar de la Justicia.
Esos casos difieren al de Gómez Mazara, ya que el retiro de la visa al joven funcionario y dirigente político oficialista se basa en la sospecha sustentada en indicios suficientes de que está o estuvo vinculado a actividades de narcotráfico, ya sea de manera directa o indirecta.
Hace dos semanas la embajada de Estados Unidos en el país confirmó que el visado le fue retirado a Gómez Mazara el 2 de diciembre del 2002, pero en la respuesta que dio atendiendo preguntas hechas por escrito y de manera directa, indicaba que no daría más detalles sobre los motivos.
Algunos se han preguntado el porqué la confirmación se dio diez meses después de que se le quitara la visa, pero pocos se han preguntado: ¿hizo algún medio de comunicación la pregunta correcta utilizando los mecanismos correctos? No se puede olvidar que las declaraciones de las embajadas tienen procedimientos diferentes a otras entidades oficiales.
Pero la magnitud de la acción que representa quitarle el visado a un funcionario tan importante de un gobierno amigo no podía pasar desapercibido para la opinión pública internacional, especialmente si se tiene en cuenta que estamos en un mundo globalizado, y que debido a las debilidades institucionales del país muchos escándalos estallan primero en el extranjero.
El Departamento de Estado confirmó a la prensa norteamericana la información que se divulgó originalmente en República Dominicana, pero le agregó detalles que no quiso divulgar la embajada estadounidense en el país.
La confirmación de los detalles provino desde la sede central del Departamento de Estado, en Washington. Una portavoz de la oficina de asuntos consultares adscrita al Departamento de Estado, en la capital norteamericana, informó que el retiro de la visa a Gómez Mazara en diciembre del 2002 fue basándose en la sección 212(a) (2) (C) de la Ley Federal de Inmigración y Naturalización.
Kelly Shannon fue la funcionaria de Washington que ofreció la información y que fue recogida por la agencia de prensa de Estados Unidos, Associated Press, y divulgada desde el buró de San Juan Puerto Rico, que es la oficina que atiende los asuntos del área del Caribe.
La sección de la citada Ley por la que se le quitó la visa al funcionario y político dominicano dispone que un inmigrante de quien las autoridades “sepan o sospechen que es o ha sido un traficante ilegal de cualquier sustancia controlada” será inelegible para recibir o renovar su visado.
Gómez Mazara es Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo desde que Mejía asumió la Presidencia de la República en agosto del 2000, y actualmente es uno de los principales dirigentes del proyecto reeleccionista del mandatario.
Cuando AP le preguntó a Shannon sobre el porqué se esperó hasta ahora para dar la información, sólo atinó a decir que “se estaba comentando en las noticias”, al dejar entrever que su agencia, en un principio, no divulgó la información oficialmente.
El Departamento de Estado estadounidense no precisó si se le radicaron cargos a Gómez Mazara y funcionarios de esa agencia insistieron en que los récords de las visas son “confidenciales”.
Este es el segundo colaborador cercano del presidente Mejía al que se le retira el visado norteamericano.
A pesar de la determinación de la embajada estadounidense, Gómez Mazara podrá ingresar a territorio norteamericano mientras sea funcionario público porque tiene una visa para uso oficial.
“Personas que viajen para propósitos oficiales obtendrían visas que son cónsonas con sus propósitos de visita”, dijo Shannon a la AP.
La esposa e hijos del funcionario, quien estudió en Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses.
Guido Gómez deberá enfrentar ahora lo que puede convertirse en la gran prueba de fuego de su vida, y de su capacidad para sortearla dependerá su futuro político y personal.
Su declaración jurada de bienes
Al asumir como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara presentó una declaración jurada de bienes en la cual aseguró que su patrimonio ascendía a RD$1,478,264 más US$34.210 en una cuenta de ahorros del dólares, que en total ascendían a RD$2,041,027 y no incluyó bienes inmuebles, tales como casas o fincas.
De acuerdo al acto notarial, entre los bienes declarados se destaca una camioneta Mitsubishi valorada en 275 mil pesos y una guagua tipo station marca Subarú que para la fecha fue valorada en 435 mil pesos.
Otros 68 mil pesos estaban depositados en una cuenta de la Asociación Central de Ahorros y Préstamos, mientras que en una cuenta corriente del Banco Gerencial y Fiduciario tenía depositado 74,982 y 17,394 pesos en el Banco del Progreso. En ese mismo banco dijo tener un certificado de depósito por 300 mil pesos.
Su patrimonio en ajuares del hogar y obras de arte ascendían a 160 mil pesos mientras que sus libros de distintos géneros estaban valorados en RD$150 mil.
