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Educ[a]ción
El pan de la enseñanza más costoso e inaccesible
La realidad que tenemos en el país es ésta: las escuelas públicas que brindan una buena educación tienen muy poco cupo y los colegios privados que sirven una enseñanza de calidad son demasiados caros.
Por Jesús de la Rosa
En los últimos tres años el problema de la desigualdad de oportunidades educativas se ha agravado mucho en la República Dominicana.
Más de 700 mil niños y jóvenes siguen estando fuera de las aulas por falta de cupo o por los problemas económicos que los afectan tanto a ellos como a sus padres, lo cual hace que el nivel de crecimiento de la matrícula escolar ronde cada año apenas el 3% y el 4%.
Para el pasado año escolar sólo en el nivel básico se registró una deserción de más de 72 mil estudiantes. La matrícula general para este año lectivo, recién iniciado, es de dos millones 700 mil estudiantes, aproximadamente, incluyendo los casi 500 mil de los colegios privados, lo cual representa un crecimiento muy por debajo de los niños en edad escolar que no encuentran cupos, si se toma en cuenta que la matrícula del pasado año rondaba los 2 millones 600 mil estudiantes.
Para que se tenga una idea de la situación de la escolaridad, durante el pasado año lectivo se produjo una deserción de un 3.3% para el primero del nivel básico, mientras que del segundo hasta el octavo desertaron 3.9%, 5.6%, 5.8%, 6.4%, 9.7, 8.7% y 2.5%, para un promedio general de 5.73% de deserción. En el nivel inicial habían matriculado 141,426, en el Nivel Básico 1,523,311 y 376,676 en el Nivel Medio o bachillerato.
En el sector privado la matrícula en el Nivel Inicial es de 80,647; 262,483 en el Nivel Básico y 103,198 en el Nivel Medio.
Una gran proporción de niños y jóvenes asiste a centros escolares mal equipados y peor servidos. Por ejemplo, una simple mascota de 200 páginas que costaba hace unos meses 15 pesos, al inicio del año escolar se disparó su precio a 35 y 40 pesos.
Centros bien equipados
El país cuenta hoy con escuelas públicas y privadas muy bien dotadas, servidas por maestros egresados de universidades, muchos de ellos con grado de maestría o de doctorado cursado en universidades extranjeras.
Los bachilleres egresados de esas escuelas disponen de la capacidad de poder expresarse en varios idiomas y exhiben un nivel de conocimiento muy superior a los graduados en instituciones de menor categoría. Sin embargo, muy pocos niños y niñas tienen la oportunidad de accesar a ese tipo de centro o escuela, debido a los altos costos.
Los liceos públicos Unión Panamericana, Víctor Estrella Liz y Estados Unidos de América, donde se ofrece una educación de calidad, no disponen de cupo suficiente para atender la demanda. Lo mismo ocurre con los politécnicos públicos regenteados por religiosos y las escuelas y liceos experimentales adscriptos a las universidades UASD, INTEC y UNPHU.
En tanto que un colegio privado de primera categoría el costo anual por estudiante, sin incluir el de los libros y demás materiales didácticos, asciende aquí a unos 100 ó 150 mil pesos.
En colegios de segunda o tercera categoría los costos por inscripción para el nivel básico ronda entre 5,000 y 7,000 pesos, sin contar el costo de los libros, uniformes y otros útiles escolares, cuyos precios totales rondan entre 5,000 y 10,000 pesos.
La competencia
Vivimos en un mundo de mercados abiertos a la competencia internacional. Y dados los extraordinarios avances en materia de ciencia y tecnología, el conocimiento se ha constituido en el factor principal de la producción.
La sola posesión de un título universitario no significa empleo seguro ni augura, de por sí, un porvenir brillante.
Para un joven poder ingresar con ventaja en el mercado de trabajo tiene que haber egresado de un instituto politécnico o una universidad de reconocido prestigio y calidad. De lo contrario, deberá contentarse con un salario mínimo, si es que tiene la suerte de poder emplearse.
Alrededor de 220 mil jóvenes, y no tan jóvenes, cursan estudios profesionales y carreras técnicas en universidades y en instituciones de educación superior. Pero, ¿qué proporción de ellos recibe los beneficios de una enseñanza acorde con los tiempos que vivimos?
La respuesta es que es muy baja la proporción de jóvenes dominicanos que recibe los beneficios de una educación de calidad.
¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Mejía para, al menos, remediar esa situación? Si nos abstenemos a lo que el Estado dominicano invierte en educación diríamos que muy poco.
EL REZAGO
Los rezagos de República Dominicana en materia de instrucción pública se expresan en el bajo promedio de escolaridad, que apenas alcanza los 4 años de educación básica, en el alto índice de analfabetismo de su población adulta y en la baja capacidad tecnológica de su mano de obra.
Esa realidad debería obligar a los gobiernos a pensar seriamente en financiar un moderno sistema de instrucción pública que nos coloque en unas perspectivas de futuro centradas en la modernidad.
Hoy la educación es considerada como la vía por excelencia para enfrentar los graves y acuciantes problemas de la pobreza y las desigualdades sociales.
Esa nueva visión de la educación deberíamos entrelazarla con una estrategia nacional de competitividad unida a los planes de acción contra la pobreza.
En la Secretaría de Educación reposan cientos de proyectos formulados por técnicos dominicanos y extranjeros, planes éstos que están en camino de engrosar los archivos muertos de esa dependencia estatal.
Perspectivas
De momento, el tema de la educación no es prioridad 1-A en las agendas de los presidentes y de líderes políticos y empresariales del país.
En el documento para la gobernabilidad democrática que acaban de suscribir los líderes políticos, empresariales y “sindicales” no figura ningún asunto relacionado con la educación.
El presupuesto de ingresos y egresos del año próximo podría sobrepasar los 100 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 40 mil millones estarían destinados al servicio de la deuda pública.
Si en circunstancias, diríamos normales, los gobiernos no destinaban a la educación la proporción del gasto público que la ley manda no es de esperarse que ahora lo hagan.
Por otro lado, los bajos salarios que devengan los maestros que sirven en las escuelas públicas los obliga a canalizar casi todas sus energías en la solución de problemas relacionados con su supervivencia.
La otrora poderosa Asociación Dominicana de Profesores –ADP– limita sus acciones al logro de reivindicaciones laborales a favor de sus afiliados. Sus dirigentes siempre interponen sus particulares beneficios al del colectivo que dicen representar.
[PRESUPUESTO ACHICADO]
Está especificado en la Ley General de Educación No. 66-97 y en la No. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el porcentaje del presupuesto del gasto público que el Estado dominicano deberá dedicar, año tras año, al sostenimiento de la educación inicial, básica, media y superior.
Pero, por falta de visión de futuro de parte de casi todos los que han gobernado a este país desde finales de la década de los 80 hasta la fecha, ambas leyes han sido y son letras muertas en cuanto al financiamiento de la educación se refiere.
El presupuesto de la Secretaría de Educación de este año, que debió ser de 20 mil 775 millones de pesos, es de sólo 10 mil 302 millones de pesos, es decir, 9 mil 746 millones de pesos menos que lo establecido en la Ley 66-97.
Algo parecido ocurre con el presupuesto de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que debió este año ascender a 4 mil 150 millones de pesos y es de apenas 1,206 millones de pesos.
El sistema de instrucción pública de la República Dominicana es el peor financiado de la América española.
Una suma parecida a la que dejaron de consignarle este año al presupuesto de educación la gastó el gobierno del presidente Mejía en montar en la ciudad de Santo Domingo los Juegos Panamericanos “más caros y más maravillosos de la historia”.
En los últimos dos años más de 6 mil millones de pesos de la Secretaría de Educación han ido a parar a la Secretaría de Deportes y a la de las Fuerzas Armadas.
El Poder Ejecutivo acaba de solicitarle al Congreso una transferencia de fondos de los presupuestos de diez dependencias estatales al presupuesto de la Presidencia de la República para atender a necesidades de gastos corrientes.
De aprobarse esa operación la Secretaría de Educación sería despojada de 109 millones de pesos más; también a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se le arrebataría una suma considerable.
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