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Transferencias sospechosas
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Cada año el Poder Ejecutivo realiza un estimado de cuánto dinero le va a entrar en el año siguiente y cómo lo va a gastar o invertir. Es lo que se llama el Presupuesto Nacional, que entonces se somete a discusión en el Congreso, el que finalmente lo aprueba o modifica para convertirlo en la definitiva Ley de Gastos Públicos.
La Ley de Gastos Públicos reparte el dinero del Estado por departamentos, según las necesidades de las diferentes áreas del organismo social. De esa manera cada sector sabe de antemano con cuánto cuenta para desarrollar su programa de trabajo previamente calculado.
Eso es en la teoría. En la práctica sucede de manera muy diferente. Es normal entre nosotros ver que a una Secretaría de Estado cualquiera se le asignan en la Ley mil millones de pesos (por decir un número), pero solamente se le desembolsan 600 millones. Sus programas de acción, por ende, quedan truncos.
Es cierto que las circunstancias en que se redacta la Ley de Gastos Públicos varían con el tiempo, y a veces podrían justificarse, a mitad del año, algunas transferencias de fondos de un departamento a otro para eficientizar la gestión gubernamental. Pero cuando se abusa del jueguito de las transferencias, una de dos: o estamos en presencia de una deficiente administración, o algo raro sucede que legítimamente puede despertar suspicacias.
Es sospechoso, por ejemplo, el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, para que se realice una transferencia de fondos de RD$1,795 millones dentro de la Ley de Gastos Públicos, a escasos meses de las elecciones presidenciales, sin que se sepa claramente qué uso se le dará a ese dinero. Un dinero que, por cierto, afectará negativamente a un área tan importante como la Educación, entre otras.
La Ley debe ser más rígida para que no sea tan fácil la realización de transferencias de fondos por parte del Poder Ejecutivo, una vez aprobado un Presupuesto que se supone cuidadosamente elaborado. Mientras tanto, por delicadeza, los administradores de la cosa pública deberían ser más comedidos en el uso de sus facultades legales. |
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