Guillermo Moreno
Repartición no es consenso
El oficialismo ha mostrado disposición para que, tres de los jueces que integren la Junta Central Electoral, sean propuestos, uno por el Partido de la Liberación Dominicana, otro por el Partido Reformista Social Cristiano y el otro por la sociedad civil. Al Partido Revolucionario Dominicano correspondería seleccionar los restantes cuatro. Se trata de la ratificación, más o menos, del actual esquema de ese tribunal electoral. Para el PRD esta sería una solución de consenso.
Por su parte, sectores del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social Cristiano aspiran a que se les permita, a cada uno, designar dos jueces. Es decir que de una matrícula de siete, el PRD tendría 3 jueces, pero la oposición tendría cuatro jueces. Esto es lo que esos sectores entienden como una solución de consenso. Es evidente que para el PRD esta opción es implanteable e inaceptable.
La discusión que tras bastidores llevan a cabo el oficialismo y sectores de la oposición tiene como horizonte repartirse los jueces de la Junta Central Electoral, santificado bajo el nombre de consenso.
Consenso no es repartición ni conciliábulos de aposento. El consenso requiere de transparencia respecto de quien se elige, respetándose como la regla de oro, no nombrar como juez, a nadie que, en razones fundadas, sea objetado por algún sector político o de la sociedad, en razón de su falta de honestidad, capacidad, carácter o independencia.
Los dominicanos estaremos expuestos a los conflictos electorales, mientras los partidos se repartan, como un patrimonio propio, los jueces del más alto tribunal electoral.
La Junta Central Electoral, como máximo tribunal electoral, podrá cumplir su función, con la credibilidad y la legitimidad necesarias, solo si está integrada por jueces independientes. Se trata de que los jueces electorales no sean nombrados por sus vínculos directos con un determinado partido político. La independencia implica, además, que los jueces sientan la seguridad de que su nombramiento se debe a sus méritos y capacidad personales, y en ningún caso al favor de un partido o sector de poder, cuyos intereses deba proteger en el desenvolvimiento del torneo electoral.
El único interés al que deben entregarse y servir, los jueces electorales, es a garantizar el respeto de la soberanía popular. Por lo que debe velar el juez electoral, es porque se respete íntegramente la voluntad electoral expresada libremente en las urnas. Solo jueces completamente independientes de los intereses de los partidos políticos pueden actuar como árbitros imparciales, frente a la avalancha de aspiraciones contrapuestas de las diferentes formaciones políticas.
Además de independientes, el tribunal electoral debe estar integrado por jueces honestos, capaces y con el debido carácter para sortear la complejidad y las contradicciones propias de todo proceso electoral.
No es necesario esforzarse para demostrar el porqué es vital, para el futuro de la democracia dominicana, la integración, ahora, de un tribunal electoral independiente.
No podemos permitirnos una nueva repartición de jueces entre los partidos. Si la oposición admite ser parte de una conjura así, sólo pierde, porque además de que será minoría, luego no tendrá autoridad para reclamar ante una Junta de la que se le considerará parte integrante.
Tampoco es posible permitir que el PRD, fundado en su mayoría senatorial, propicie una Junta electoral con jueces adeptos a sus intereses. ¿Qué sentido tendría participar en unas elecciones con un árbitro tendenciado a favor de una de las partes? La participación de la oposición en el evento electoral terminaría legitimando cualquier resultado fraudulento.
Hay condiciones en el país, e internacionalmente, para forzar a que se elija una Junta Central Electoral que pueda desempeñar su función con independencia de los partidos políticos. Para lograrlo es necesario que el gobierno y la dirección del PRD perciban con toda claridad, que los partidos de oposición están dispuestos a no concurrir a las elecciones con una Junta parcializada. En estos momentos, distinto al año de 1974, ningún gobierno podría mantenerse, si surge de unas elecciones cuestionadas y sin la participación de los partidos de la oposición.
Lo que está por verse es si los dos principales partidos de oposición, temeroso y titubeante, uno, y aliado y sesgado por los intereses del gobierno, el otro, tienen la firmeza y las convicciones para llevar hasta el final una lucha de esta magnitud. Ya una vez la abandonaron a mitad del camino. |
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