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Los dominicanos tenemos una muy alta carga impositiva, aunque algunos economistas quieran convencernos de que aún podemos y debemos pagar más. Los impuestos son la forma de los Estados captar recursos para invertir en reducir, que no eliminar, los niveles de pobreza y propiciar el desarrollo social.
Las administraciones socialdemócratas han mantenido la teoría de que mientras mayores son las necesidades de inversión social, más se requiere de que los ciudadanos tributen. Así se podrían generar mayores riquezas.
Esos argumentos fueron utilizados por la administración peledeísta para criticar a los perredeístas que se opusieron a su propuesta de ajustes económicos en 1997. También los usó el equipo económico del presidente Hipólito Mejía para justificar el “paquetazo” que entró en vigencia el primero de enero del 2001.
Hasta ahí todo va bien, pero se trata de pura teoría.
Así lo indican las deficiencias de servicios como el suministro de energía eléctrica y el de agua potable, la recogida de la basura, la seguridad ciudadana, atenciones en las oficinas públicas, administración de justicia (ministerio público, sistema carcelario y judicatura).
Los ciudadanos deben tributar, pero no para pagar los salarios de “botellas” en las entidades del Estado, alimentar el clientelismo, auspiciar negocios entre empresarios y funcionarios corruptos o financiar francachelas.
Esta ha sido una constante en la historia de República Dominicana. La corrupción y la deficiencia de los servicios públicos no son males de la presente administración ni de la anterior, sino de todos los gobiernos que les antecedieron.
Sin embargo, cuando damos un vistazo a la crisis de los apagones, la acumulación de basura, la inseguridad ciudadana, la falta de agua potable… en fin, los servicios que debe garantizar el Estado, hace que muchos nos preguntemos ¿para qué pagamos impuestos?
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